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27 Noviembre 2018 / Gestión

Proponen convocar mesa de diálogo para reducir minería informal en La Libertad

Para inicio de proceso es necesario contar con la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM).

 

Según se estima, el proceso de formalización dura un período aproximado de 3 años. (FOTO: Agencia Andina)

 

En La Libertad existen entre 15 mil y 20 mil mineros ilegales y 4 mil 800 mineros informales. Ante esta problemática, los miembros del Comité Gremial de Energía, Minas e Hidrocarburos y la Comisión de Fomento de la Formalización Minera de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) se reunieron con el coordinador regional de la Dirección General de Formalización Minera, Hernán Vargas Torres, para definir la línea de acción ante dicha situación.

 

En principio, es importante diferenciar a la minería ilegal de la minería informal, puesto que dichos términos, usualmente, se confunden. La minería ilegal corresponde a la condición en la que se extrae el recurso mineral sin autorización o regulación del Estado, mientras que la minería informal es la actividad de extracción que se desarrolla en el marco del programa formalización del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

 

Para iniciar el proceso de formalización minera es necesario contar con la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM) o el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), la acreditación del terreno superficial, la acreditación de la titularidad o contrato de cesión o de explotación minera, declaración jurada de inexistencia de restos arqueológicos y el expediente técnico del proyecto.

 

Sin embargo, durante este proceso es importante establecer filtros para evitar que el plazo del proceso se dilate pues, tal como lo manifestaron durante la reunión, el proceso de formalización dura un período aproximado de 3 años. No obstante, es fácilmente renovable poco antes del término del plazo, generando que dicho proceso se prolongue y los involucrados pierdan el interés en formalizarse.

 

Ante ello, se propuso convocar a una mesa de diálogo a las instituciones y autoridades competentes como la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, la Dirección General de Energía, Minas e Hidrocarburos, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento (Sunass), Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre otras, a fin de crear sinergias interinstitucionales y un trabajo articulado.

 

Es importante precisar que la CCPLL, en línea con su objetivo, viene fortaleciendo este tipo de iniciativas que permitan contribuir con el desarrollo sostenible de la región.

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