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12 Marzo, 2018 / Editorial

El Estado debe plantear estrategias con plazos concretos para evitar los conflictos sociales que impiden el desarrollo minero

 

Mecanismos actuales no son suficientes para evitar que se agrave la inestabilidad social y política perjudicando el desarrollo nacional.

 

 

Quienes hemos sido parte de la gestión y operación minera con la dirección de empresarios mineros pioneros del Perú, que hemos sido parte del esfuerzo y sacrificio conjunto por el crecimiento de nuestro sector en las últimas décadas, vemos con expectativa el potencial minero para el 2018 pero también observamos en base a nuestra experiencia que el Estado, está llamado a plantear estrategias inmediatas con plazos concretos para evitar que se agrave el desarrollo minero, para esto se necesita profesionales con gran capacidad de liderazgo, experiencia en dirección estratégica y operación.

 

Es sorprendente que en la historia democrática del país, hubo solo tres ingenieros de minas que ocuparon el cargo de Ministro de Energía y Minas: Wilfredo Huaita (1985-1987), Mario Samamé (1989-1990) y Amado Yataco (1995-1996).

 

En el caso de Wilfredo Huaita, fue durante su gestión en que empezaron los esfuerzos por la formalización minera. Mario Samamé fue responsable de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo basado en la Minería para el aprovechamiento de las reservas minerales como el zinc, cadmio, antimonio, arsénico, mercurio, helio y fosfatos. Y, por último, Amado Yataco, quien favoreció la inversión de proyectos mineros en el Perú. ¿Quiénes son los responsables y cuál es el resultado de las últimas gestiones?

 

El 2018 se perfila como un buen año para la minería en el Perú. La reciente adjudicación del proyecto Michiquillay, en Cajamarca, ha puesto a nuestro país en el ojo de inversionistas de todo el mundo. Una reciente encuesta elaborada por el think tank canadiense Fraser Institute lo refiere: estamos en la ubicación 19, por encima de países como México (puesto 44), Colombia (64), Ecuador (70), Venezuela (85) y Bolivia (86).

 

Eso no es lo único. Este año la producción nacional de cobre alcanzaría las 2,5 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento de más de 80% en solo cuatro años. Perú se colocaría rápidamente como el segundo productor en el mundo. A esto se le suma la cartera de 47 proyectos estimados en un valor aproximado de US$46,996 millones.

 

Entre ellos están Quellaveco, en Moquegua, con una inversión proyectada de US$5000 millones y cuyo inicio de operaciones se estima para el 2021; Pampa del Pongo (US$2,500 millones); Mina Justa (US$1,300 millones), Toromocho (US$1,300 millones), Toquepala (US$1,200 millones) y Magistral (US$300 millones).

 

Alentadoras cifras que, definitivamente, impulsarían el Producto Bruto Interno (PBI).

 

Sin embargo, el crecimiento se verá afectado por altos riesgos latentes: los conflictos sociales, la inestabilidad política, la tramitología, entre otros. Solo en el primer caso, la industria minera en el Perú está amenazada por el discurso antiminero.

 

La Defensoría del Pueblo publicó un informe en el que registró en enero 176 conflictos sociales de los cuales 124 están activos y 52, por otra parte, están latentes. Son los conflictos socioambientales los que tienen mayor notoriedad (69,3%). Ese es el caso del sector minero en el cual se registra el mayor porcentaje (65,6%) en regiones como Áncash (28 conflictos), Puno (15) y Apurímac (13).

 

Más aún, el problema se agrava con los discursos de agitadores políticos, quienes han visto en la minería al peor de todos los enemigos. Un caso es el del expresidente regional Gregorio Santos, confeso dirigente antiminero, quien ha conseguido que las actividades se estanquen en la región Cajamarca (considerada una de las más pobres del país), a pesar del potencial mineral presente a lo largo y ancho del territorio.

 

Si queremos un país más desarrollado e inclusivo, debe plantearse un verdadero cambio promovido por el estado. Se debe romper con el estigma de que la minería es perjudicial. Una minería responsable trae beneficios para el crecimiento económico del país y, sobre todo, la mejora de la calidad de vida de muchas personas que viven en los umbrales de la pobreza.

 

El Estado debe ser responsable y eficiente para que el beneficio llegue a todo el país en conjunto, las estrategias pueden crearse, pero deben ir de la mano de un equipo competente y con decisión que lo ponga en práctica.

 

 

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