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19 Marzo, 2018 / Editorial

La minería necesita menos burocracia y más planificación para avanzar en la formalización minera

 En el Perú hay casi 56 mil mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera, de los cuales el gobierno estima llegar a las 17 mil formalizaciones al 2020.

 

 

El Perú tiene una nueva oportunidad para dar un salto importante para su desarrollo, sin embargo la burocracia endémica y la falta de planificación no permite su desarrollo.

 

¿Cuánto ha avanzado el Perú en la formalización de la minería? Desde que asumió funciones, la actual ministra del ambiente, Elsa Galarza, indicó que ese proceso sería una prioridad para el gobierno. Tanto el Ministerio del Ambiente (MINAM) como el Ministerio de Energía y Minas (MEM) han planteado estrategias que apuesten por una minería con amparo legal y, sobre todo, que defienda el medio ambiente.

 

Lo cierto es que, hasta hace poco, la formalización minera ha recorrido un largo y sinuoso camino que tiene, por lo menos, 30 años. Uno de los pioneros fue el ex ministro Wilfredo Huaita, cuya gestión comprendida entre 1985 y 1987, marcó la base para la para la regularización minera en nuestro país.

 

Antonio Brack Egg, quien fuera ministro del Ambiente del 16 de mayo del 2008 hasta el 28 de julio del 2011, fue un ferviente defensor de la formalización minera y antagonista de la minería ilegal. Durante su gestión se promulgó la Ley N°27651 de “Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal”, cuyo objetivo era introducir en la legislación minera un marco legal que permita una adecuada regulación de las actividades mineras desarrolladas por pequeños productores mineros y mineros artesanales, proponiendo su formalización, promoción y desarrollo.

 

Ricardo Giesecke ejerció el despacho del 28 de julio al 10 de diciembre del 2011. Giesecke, al igual que Brack, tomó medida para erradicar la minería ilegal de Madre de Dios. Manuel Pulgar-Vidal continuó en la cartera de Ambiente del 11 de diciembre del 2011 al 28 de julio del 2016. Pulgar-Vidal, abogado de profesión, presentó los resultados de su cargo en dos informes: “La conservación de los bosques en el Perú” y “La lucha por la legalidad en la actividad minera”.

 

Es en la presente gestión de la ministra Ángela Grossheim se llegó a la meta de 5 mil mineros formalizados en todo el país, superando ampliamente lo alcanzado hasta el primer semestre del 2016 donde, según señala el MEM, solo 112 mineros salieron de la informalidad en un lapso de cuatro años. Sin embargo, según la Defensoría del Pueblo en el país existen más de 30 mil personas trabajando en el sector minero al margen de la ley. Es necesario que el Estado utilice estrategias eficaces y concretas a corto plazo para lograr formalizar los sectores afectados, en especial Madre de Dios.

 

Según los avances y proyecciones del MEM, en el Perú existen casi 56 mil mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), de los cuales el gobierno ha proyectado llegar a las 17 mil formalizaciones al 31 de agosto del 2020.

 

Primero que nada, urge una reforma en el mejoramiento de la legislación. Es decir, la creación e implementación de leyes claras en cuanto a los procesos de operación mineros. En la actualidad hay profundos vacíos respecto a ello que han impedido un avance significativo de la formalización minera.

 

Otro punto es el de la tramitología: el que ha llevado a procesos largos y engorrosos en el que muchos prefieren evitar. Pero también, la estrategia debe ser enfocada en el liderazgo en el proceso y planificación en base a la gestión por resultados.

 

Es considerable subrayar que los recursos mineros son importantes, empero no más que las vidas de las personas y el ecosistema. En tal sentido, el Estado peruano se encuentra en la obligación de velar por la seguridad de sus pobladores y la preservación del medio ambiente.

 

En conclusión, es necesario llevar a cabo una reforma en cuanto a la minería informal, ponernos en acción para tender puentes y hacer frente a esta situación que impacta negativamente a nuestra calidad de vida y a nuestro ecosistema. El desarrollo del Perú es una meta del gobierno, pero solo si se lleva a cabo bajo estrictas normas y regulaciones que nos permitirán generar responsabilidad social y brindar protección a nuestro medio ambiente.

 

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