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30 Abril, 2018 / Editorial

Perú: retos de un país en vías de desarrollo, asentado en una tierra de riquezas mineras

 

Gobierno debe poner énfasis –y mucha cautela– en la reactivación de proyectos como Tía María, paralizado desde el 2015.

 

El sector minero de nuestro país es uno de los ejes fundamentales que dinamiza la actividad de la economía peruana. Tal es así que contribuye aproximadamente el 60 por ciento de las exportaciones, aporta el 20 por ciento de los ingresos fiscales, está presente en el nueve por ciento de los ingresos tributarios corrientes y el año pasado tuvo una participación del 10 por ciento en el Producto Bruto Interno (PBI).

 

Además de ello, podemos subrayar que nuestra minería atrae inversiones, ostenta un privilegiado lugar en Latinoamérica y una de las más destacadas posiciones a nivel mundial, pues nos encontramos entre los primeros países productores de plata, cobre, zinc, plomo, estaño y oro.

 

Así lo entiende también el titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Francisco Ísmodes, designado hace un mes, quien pocos días después de haber tomado su actual cargo, precisó que su gestión buscará impulsar la cartera de proyectos, con la posibilidad de generar inversiones por más de 12 mil millones de dólares, “porque ello va a generar muchos puestos de trabajo y beneficios de canon para las poblaciones pobres”.

 

Sin embargo, en el Perú, la minería es una de las principales fuentes de conflictos sociales. A pesar del importante aporte económico que le brinda el sector minero a la economía nacional, hay todavía muchos conceptos desacertados que desprestigian la imagen de la minería, como las creencias de que las compañías mineras no tienen reparo en causar daños al medio ambiente, que generan un impacto negativo en la comunidad, o incluso que se dedican a prácticas dudosas en el extranjero.

 

En este sentido, también será importante que el MEM, las compañías del sector y todos los actores de esta industria aborden esta problemática con el propósito de poder cambiar esta equivocada percepción de la minería.

 

Según cifras del Instituto Peruano de Economía (IPE), en el centro, norte y sur del territorio nacional hay proyectos que suman una inversión de 58 mil millones de dólares, lo cual podría generar más de dos millones de puestos de trabajo formal y 30 mil millones de dólares en exportaciones anuales.

 

A manera de ejemplo, analicemos el caso Tía María, proyecto minero de la corporación Southern Perú ubicado en la provincia arequipeña de Islay, que está paralizado desde el 2015 debido a la oposición de la población. Su inversión aproximada es de mil 400 millones de dólares, y su beneficio se reflejaría en una participación del 0.4 por ciento del PBI total y en un 2.7 por ciento del PBI minero. Estas cifras podrían convertirse en pérdidas en caso de no ejecutarse dicho prospecto, acompañadas de un consecuente efecto negativo en empleo e ingresos fiscales no obtenidos.

 

Inicialmente, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, manifestó el interés del gobierno por reactivar Tía María este 2018. Pero, posteriormente, Francisco Ísmodes, declaró que “el gobierno no tiene interés en acelerar o apurar la inversión en este proyecto, sin que antes no se haya desarrollado un proceso de diálogo con las poblaciones involucradas”.

 

Es por ello que la actividad minera debe generar un impacto positivo en las comunidades, tanto desde la perspectiva social como desde la económica. El éxito de la minería en países como Canadá, Australia, Chile y Polonia, sugieren que la industria minera de una nación puede mejorar el desarrollo económico, si se cuenta con instituciones políticas y económicas efectivas.

 

Todavía nos queda camino por recorrer. Por ahora, nuestro reto como país es hacer de la minería un motor de crecimiento económico, pero también una actividad que propicie el consenso entre los peruanos. La minería formal, legal y responsable, si la dejan, puede contribuir decisivamente al desarrollo de nuestro país.

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