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14 Mayo, 2018 / Editorial

Tía María, ¿va o no va? Oposición frente a una gran oportunidad de desarrollo para el Perú

 

La empresa dueña del proyecto ya se ha comprometido legalmente a no utilizar el agua del valle de Tambo. Sin embargo, los pobladores siguen oponiéndose.

 

Después de más de dos décadas de gestiones públicas, iniciativas de desarrollo social, estudios ambientales, entre otros rigurosos procesos legales, es complicado entender cómo el Estado y la población de un país asentado en un territorio tan rico en minerales todavía no pueden sacar adelante un proyecto de gran envergadura y altamente rentable como Tía María, propiedad de la compañía transnacional Southern Copper Corporation (SCC).

 

Para empezar, es esencial ubicarnos. Este proyecto de extracción y procesamiento de mineral oxidado de cobre se encuentra en el desierto de La Joya, ubicado en los distritos de Cocachacra, Mejía y Deán Valdivia, dentro de la provincia de Islay, localizada en la región de Arequipa, al sur del Perú. Tía María comprende dos filones a cielo abierto: Tía María y La Tapada, esta última situada a 3.7 km del centro poblado más cercano, El Fiscal, y a 2.5 km del valle de Tambo en Cocachacra.

 

Si esta iniciativa se lleva a cabo, tendrá una inversión de mil 400 millones de dólares (US$1.4 bn) y una producción de 120 mil toneladas de cátodos de cobre por año. Asimismo, aumentarían las exportaciones mineras en 660 millones de dólares anuales.

 

Además, generaría una alta tasa de empleo, pues contrataría directamente a 3 mil 600 trabajadores en su etapa de construcción, sin considerar los tres o cuatro puestos que se generan por cada persona (aproximadamente 10 mil 800 empleos adicionales indirectos). Ya en operación, el prospecto requeriría de 600 trabajadores que se suman a los 4 mil 200 puestos indirectos que se generan cuando un proyecto minero importante es desarrollado.

 

Si este plan se hubiera puesto en marcha el año pasado, el canon minero de Arequipa hubiese incrementado de 127 millones de soles (US$38.7 millones) a 400 millones de soles (US$122 millones). De igual manera, el canon minero de Cocachacra hubiese escalado de 11 millones de soles (US$3.35 millones) a 35 millones de soles (US$10.6 millones).

 

¿Y cuál es el problema? El principal temor de los pobladores de los distritos anteriormente mencionados es que las operaciones mineras podrían contaminar el agua del río Tambo que es utilizada para la producción agrícola. Esta supuesta contaminación impactaría de manera negativa en la calidad del agua y, por lo tanto, limitaría la producción de caña de azúcar, arroz, y páprika (pimentón), lo que representa el principal sustento de las comunidades de la zona.

 

Recordemos que SCC presentó en 2009 un primer estudio de impacto ambiental (EIA), el cual contemplaba usar el agua del río Tambo. Por tal motivo, dos años después la iniciativa fue rechazada por la población. Luego de resolver las 138 observaciones recibidas en ese estudio, en 2013 SCC vuelve a presentar dicho documento, en el que -esta vez- se comprometió a no utilizar el agua del río, e instalar una planta desalinizadora para usar agua de mar. Con este ajuste, el EIA fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas en 2014.

 

Es importante subrayar que el agua de mar pasaría por un tratamiento de osmosis inversa para su desalinización, donde el 40 por ciento de este recurso se utilizaría en el proceso minero, y el 60 por ciento sería devuelto al mar sin ocasionar daños al medioambiente. De igual manera, el estudio hidrogeológico del EIA indica que las aguas subterráneas donde se ubica el prospecto no tienen ninguna conexión con el acuífero del río Tambo.

 

En la actualidad, Tía María cuenta con la aprobación de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud, de la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura y Riego, y de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú de la Marina de Guerra del Perú.

 

Además, este megaproyecto beneficiaría a varios sectores. Por ejemplo, mejoraría el servicio de salud y de saneamiento (agua potable y desagüe); en el área de educación, reforzaría la competencia académica, la capacitación y la infraestructura educativa; apoyaría a las actividades locales como la agricultura, ganadería, pesca, acuicultura, comercio, turismo, etc.; en cuanto a obras de infraestructura, construiría carreteras, repotenciaría el servicio de almacenamiento de agua, así como los sistemas de riego y los silos para el almacenamiento de semilla; entre otras iniciativas.

 

Si Tía María no va, definitivamente perdemos todos los peruanos, desde el valle de Tambo hasta la frontera más alejada de nuestro país. Tenemos una gran oportunidad de desarrollo frente a nosotros, sin embargo, todavía no la aprovechamos. La última interrogante de esta editorial sería, ¿hasta qué punto SCC está dispuesta a hacer lo posible por sacar adelante este proyecto? Esperamos que haya un consenso entre la población y el Gobierno por el bien y el desarrollo del Perú.

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