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25 Junio 2018 / Editorial

Estado debe asegurar -y promover- la inversión minera para el desarrollo nacional

 

En un contexto propicio para las inversiones, el gobierno de turno tiene el deber de garantizar la ejecución de proyectos mineros.

 

 

De los 49 proyectos mineros que representarían inversiones por US$56 mil millones tres han quedado relegados –con mucho pesar– como oportunidades perdidas para el crecimiento del Perú: Conga (Cajamarca), Tía María (Arequipa) y Río Blanco (Piura). En el caso del primero, representa una inversión de US$2500 millones, en el segundo llega a US$950 millones y, en el caso del último, US$1440 millones.

 

En el imaginario del ciudadano peruano Conga y Tía María constituyen un sabor amargo. Solo cabe recordar los trágicos eventos que marcaron el 2011 y el 2015, respectivamente. La oposición de la población local, tal es el caso de Cajamarca (Conga) y Arequipa (Tía María) y muchas veces enaltecida por agitadores políticos, terminó en enfrentamientos que dejó muertos y heridos.

 

La paradoja cae en que Cajamarca es una de las regiones más ricas en minerales en el Perú y la pobreza monetaria que agobia a la población local. De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la misma se encuentra entre 43.1% y 52.0%.

 

Asimismo, la región peruana registró la mayor incidencia de pobreza extrema de entre 13.5% y 20.5% (dos veces mayor a la registrada en los departamentos de Amazonas, Huancavelica, Loreto y Puno, que se encuentra entre 7.4% a 10.2%.

 

En el 2017, la pobreza extrema afectó al 3.8% de la población del país debido a que el gasto per cápita no llegó a cubrir una canasta mínima alimentaria (cuyo valor estaba ubicado en 183 soles) y que no tuvo variación en comparación a un año anterior.

 

La minería resulta una gran opción del desarrollo de Cajamarca. Michiquillay, adjudicada en este año, puede ser aquella oportunidad para el crecimiento económico de la región. Los beneficios serán de gran magnitud, y no solo para el Estado, sino para las comunidades dentro de la zona de influencia del proyecto.

 

Hablamos del fortalecimiento de las relaciones entre comunidad y empresa mediante los aportes de la última a la generación de empleos en la población local, proyectos de infraestructura en salud, contribución en la educación, entre otros.

 

Es preciso que el Estado tome como tarea asegurar la inversión minera en el país. La misión radica en retornar la confianza a un país y, sobre todo, a una región con una tradición minera que ha estado presente a lo largo de los siglos y que ha sido el principal motor de actividad para muchos de los habitantes.

 

El consenso resulta primordial. Una manera de evitar los conflictos sociales es que el gobierno debe saber comunicar, de manera clara y eficaz, lo que supone un buen desarrollo de la minería responsable en el país. 

 

No solo eso. Resulta imprescindible demostrar que la actividad extractiva puede ser competitiva, responsable y sustentable que permita asegurar una sana convivencia con las poblaciones locales dedicadas a diferentes rubros, como son el de la agricultura y la ganadería.

 

El Perú vive un buen momento de crecimiento. Muchos analistas han denominado al 2018 como el año de las inversiones y proyectos en el rubro minero. Desaprovechar dichas oportunidades, en un momento de bonanza, puede resultar en un craso error si es que se quiere pensar en el futuro del país. Sobre todo a pocos años del Bicentenario.

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