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2 Julio 2018 / Editorial

Bienvenida la minería, siempre junto a leyes que la reglamenten

 

Organizaciones del Estado vienen promoviendo iniciativas para fomentar una minería responsable y erradicar la minería ilegal en el país.

 

 

La minería, desarrollada adecuadamente, puede representar una gran oportunidad de progreso en muchos países, y el Perú no es la excepción. Gracias a sus procesos adyacentes, esta actividad tiene la ventaja de impulsar el desarrollo sostenible y la economía de un país. Sin embargo, hay un camino más fácil y negativo de hacer las cosas, como en toda labor: la minería ilegal.

 

Como se sabe, este tipo de minería trae consecuencias nefastas como la contaminación del medioambiente, el impacto negativo en la calidad de vida, la delincuencia, entre otros factores. Esto, sumado a la ausencia de políticas públicas, falta de leyes y normativas, desorganización y aumento de la corrupción, provoca que deterioremos, año a año, nuestra rica biodiversidad.

 

Debemos saber que en el Perú habitan 4 millones de nativos, quienes conforman una de las partes más afectadas en este problema, pues -aparte de la contaminación a consecuencia de la minería ilegal- no solamente han sido víctimas del despojamiento de sus tierras, sino que también ven perjudicados sus sellos culturales y costumbres ancestrales.

 

Además, es preciso indicar que de 2000 a 2016, nuestro país ha perdido 1 millón 900 mil hectáreas de bosques. Y solo durante 2016, las hectáreas arrasadas fueron 164 mil en total. Las regiones más afectadas son San Martín, Loreto, Ucayali, Puno y Madre de Dios. Esta última, es uno de los destinos mayormente preferidos por los mineros ilegales, un ejemplo de ello, es la Reserva Nacional de Tambopata, donde recientemente fueron destruidas 700 hectáreas de bosques.

 

Para erradicar estos males, una de las principales medidas a tomar en cuenta es implementar leyes más drásticas contra estas prácticas ilícitas, y acompañarlas con la organización de proyectos, como ya se viene realizando en algunas partes de nuestro país.

 

Frente a esta problemática, a inicios de mayo en Madre de Dios, se instaló, por primera vez en el Perú, un juzgado especializado en materia ambiental. Si bien es cierto, es importante contar con juzgados en esta materia, también será fundamental formar y capacitar más profesionales especialistas en el tema.  

 

Otra buena iniciativa a destacar es la alianza conformada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Ministerio del Ambiente de Ecuador, que con el objetivo de acabar con la minería ilegal en el cauce del río Binacional Puyango – Tumbes, ha creado un equipo de trabajo multisectorial en la frontera de ambos países. Esta organización ha logrado fortalecer la presencia institucional y disuadir actividades ilegales en la zona.

 

Asimismo, el Sernanp ha organizado un plan para resguardar las áreas naturales protegidas en Madre de Dios. A través de una inversión de siete millones de soles, la mencionada institución está abasteciendo a guardaparques con equipos para resguardar dichas zonas ubicadas en Tambopata. Al mismo tiempo, se está preparando una nueva estrategia para reparar los daños que han causado el uso de las dragas en esta provincia.

 

Cuando un ecosistema es dañado, puede tardar hasta 30 años en recuperarse, de forma natural. Con el propósito de acelerar este proceso de rehabilitación, el jefe del Sernanp, Pedro Gamboa, comentó que se está ejecutando un plan piloto en Tambopata. El objetivo es probar si funciona y es rentable, para posteriormente aplicarlo en otros lugares.

 

Estas y muchas otras iniciativas deben ser impulsadas y promovidas por el Gobierno en diversas partes de nuestro territorio nacional con el fin de promover una minería responsable con el medioambiente y la sociedad.

 

En ese sentido, se deben gestionar leyes y castigos más drásticos para quienes estén involucrados en estas actividades ilícitas, realizar procesos de formalización con mayor agilidad, preparar a profesionales altamente capacitados en estos asuntos, desarrollar más proyectos para salvaguardar la biodiversidad y combatir contra la minería ilegal. Pero, para concretar estas iniciativas, es necesario que exista mayor articulación entre todos los sectores del Estado, porque esta debe ser una lucha en la que todos debemos estar comprometidos.

 

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