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30 Julio 2018 / Editorial

La reducción del mercurio en la minería es un proceso con carácter de urgencia en el Perú

 

Países como Colombia, Chile y México nos dan un claro ejemplo de cómo frenar el uso de esta sustancia dañina para el ambiente y las poblaciones.

 

 

Hace una semana, Colombia puso su granito de arena para frenar el flagelo de la contaminación: prohibió, de manera oficial, el uso del mercurio en la producción legal de la minería de oro.

 

La medida, que se estipuló desde la Ley 1658 de 2013 y que ya venía implementándose, busca reglamentar los procesos de los títulos legales, que antes contaban con autorización ambiental para el uso de mercurio. Con esto, según el Ministerio de Ambiente de Colombia, se evita la importación de cerca de 95 toneladas de químico nocivo, utilizado para la separación del oro de otros elementos durante su procesamiento.

 

En algunos lugares del país norteño, donde hay explotación minera informal,  ya empiezan a registrarse casos de niños que nacen con extrañas enfermedades que expertos atribuyen al contacto con este elemento.

 

La Convención de Minamata, un tratado internacional que tiene como objetivo reducir el uso y el comercio de mercurio y, con ello, prevenir futuros daños a la salud y al medio ambiente, fue ratificada por varios países de América Latina y El Caribe, entre ellos México, que se encuentra impulsando diversos programas para hacer frente a este desafío.

 

En tal sentido, El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México realizó una evaluación de la situación de este metal en dicho país. Este proyecto busca reducir gradualmente el uso de mercurio por las afectaciones que causa al medio ambiente y a la salud de las personas.

 

En Chile, a pesar que todavía no ha ratificado la Convención de Minamata, también viene trabajado en la reducción de uso de esta sustancia. La nación sureña, por ejemplo, ha implementado iniciativas como la norma de emisión de fundiciones y termoeléctricas, el plan nacional de gestión de riesgos del mercurio, y estudios para la caracterización de sitios contaminados y su recuperación. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el mercurio es uno de los diez productos químicos críticos para la salud pública por su efecto tóxico en los ecosistemas y los humanos. Tras acumularse en el ambiente, puede causar desde malestares como dolores de cabeza hasta graves enfermedades neurológicas a quienes están en contacto con este tóxico.

 

En el caso peruano, la prohibición impuesta por el Gobierno resulta, entonces, más que necesaria. Sin embargo, la gran incertidumbre se cierne sobre las explotaciones ilegales de oro, predominantes en el país y las que causan mayor impacto en los ríos. De acuerdo con el Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM), anualmente en promedio se están vertiendo a fuentes de agua y suelos cerca de 200 toneladas de este material.

 

La situación es especialmente crítica en la región Madre de Dios y algunas zonas de Ucayali, pero este mal ya empieza a abrirse paso en ecosistemas invaluables como el de la Amazonia. La población rural de esas regiones es la más vulnerable, y hay suficiente evidencia científica para alertar sobre la grave situación de salud pública al respecto.

 

Esta decisión es, sin duda, un paso en la dirección correcta. Pero la moneda tiene otra cara: la de los serios obstáculos para hacer efectiva la proscripción. Estos incluyen el contrabando fronterizo de este insumo y, sobre todo, la debilidad institucional de las corporaciones autónomas regionales para monitorear y hacer respetar la ley.

 

Es fundamental también el apoyo para la transición tecnológica de los mineros informales. Como se puede ver en nuestro país, es largo todavía el camino que deben recorrer las autoridades mineras y ambientales para que efectivamente el mercurio salga de los sistemas de producción aurífera, pero no por esto se puede desfallecer.

 

Además, el desafío contra esta sustancia es también excluirla de los procesos industriales como la fabricación de bombillas, algunos electrodomésticos y ciertos equipos médicos. La norma en este sector entraría en vigencia en el año 2023. Los esfuerzos, empero, deben persistir con el gobierno.

 

 

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