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19 Febrero, 2018 / Opinión

El ocaso de la minería del carbón: Crónica de una muerte anunciada

 

Considerado como altamente contaminante, el combustible fósil se enfrenta a una inminente desaparición. Mientras que en España se prevé su extinción, en Perú se opta por las energía renovables.

 

 

ESCRIBE: Dr. Roberto Poncela

 

 

La minería de carbón en España

 

España, como miembro de pleno derecho de la Unión Europea (UE), debe cumplir con los requerimientos legislativos dimanantes del Parlamento Europeo lo que, en la práctica, puede llevar a situaciones que desemboquen en problemas y tensiones sociales en ciertos sectores de la sociedad. La minería del carbón, de amplia tradición y arraigo en España, no es ajena a este debate.

 

La UE, muy preocupada por el cambio climático, tiene amplia conciencia sobre la sostenibilidad ambiental que se traduce en que la extracción y utilización de este combustible fósil, altamente contaminante y emisor de gases de efecto invernadero al producir electricidad, “choca” con las directrices que se imponen en el seno de la propia UE, y que exigirán para 2020 un “mix energético” constituido por al menos un 20% de energías renovables. Ello implica necesariamente que la generación de electricidad basada en este recurso mineral toca a su fin en España, donde el cierre total de las centrales de carbón puede acontecer en el entorno de 2030, circunstancia esta muy dependiente del contexto socioeconómico y político que devenga en los próximos años.

 

Las razones fundamentales se basan no solo en una mayor conciencia medioambiental sino también de mercado: el coste de las energías renovables sigue una tendencia claramente decreciente, lo que las hace cada vez más competitivas y atractivas para los inversores.

 

Pero hasta que se desarrollen grandes sistemas de almacenamiento, el uso de la energías solar, eólica e hidráulica, fuertemente dependientes de la presencia de sol, viento y agua en los pantanos, necesitará complementarse con carbón y gas, este último menos emisor de CO2.

 

Contexto de crisis

 

Agravado por el agotamiento de los yacimientos productivos, el sombrío panorama que asomaba en España hace ya más de una década, se vuelve insostenible incluso a pesar de ciertas subvenciones que se han habilitado para mitigar el periodo transitorio hacia un nuevo modelo energético. Como dato estadístico, el número de trabajadores en el Régimen Especial de la minería del carbón pasó de casi 30.000 personas en 1995 a menos de 2.000 en la actualidad, y sigue bajando.

 

Esta circunstancia, que debería haber sido gradual y no excesivamente traumática, se vuelve amenazante en aquellas zonas y comarcas mineras cuyo único medio de subsistencia es la industria extractiva del carbón y servicios derivados, pues centrales térmicas y yacimientos se preparan para el cierre progresivo, no siendo siempre óptimas las “medidas compensatorias”. A ello se une, además, los efectos de la pertinaz sequía que durante los últimos tiempos está asolando a la Península Ibérica y lastrando la generación de energía hidráulica.

 

Mi opinión lamentablemente es pesimista en lo que concierne a la poca minería de carbón que queda en España. Los condicionantes ambientales junto con las políticas supranacionales en ese campo, claramente enfocadas a ralentizar el cambio climático (si es que no se ha alcanzado ya el punto de no retorno), van a requerir de una reconversión en las zonas afectadas dado que, sin subvenciones y a precio de mercado, los yacimientos que sigan operando van a ser difícilmente competitivos.

 

La problemática socioeconómica que se avecina deberá ser atendida por una Administración que, cumpliendo con las exigencias normativas, deberá considerar las necesidades de las comunidades afectadas, ofreciendo y favoreciendo alternativas viables de futuro, lo que va a requerir de mucha sensibilidad a la vez que creatividad, innovación y acción política, todo ello conjugado con la rehabilitación paisajística de los pasivos ambientales que queden, cuestión no menor.

 

El caso peruano

 

Ahora bien, Perú es un país con una minería en pleno auge, especialmente polimetálica y de hidrocarburos (gas y petróleo), favorecida por el empuje económico mundial y la elevada demanda de materias primas. No obstante, la producción de carbón no es tan significante, especialmente en lo que se refiere a generación eléctrica. De acuerdo con los datos suministrados por el Ministerio de Energía y Minas a través del Boletín Estadístico Minero, durante el periodo enero-noviembre de 2017 se produjeron un total de 279.945 t (antracita 62%, bituminoso 37% y grafito 1% aproximadamente).

 

La generación de electricidad en Perú se compone del siguiente “mix energético” que, a noviembre de 2017, ha quedado caracterizado por: energía hidroeléctrica (53,7%), gas (43,6%), energías no convencionales: biomasa, biogás y eólica (2,5%), alcanzando el diésel y “residual” solo un 0,1%.

 

En relación con la regulación, la tendencia nacional, al igual que a nivel internacional, se centra en el aumento progresivo de energías renovables para la generación energética, lo cual encaja plenamente con la idea de sostenibilidad medioambiental, favoreciendo el Estado esta línea de actuación.

 

No obstante, a nivel de yacimientos carboníferos (testimoniales en cuanto al binomio carbón-electricidad) y aunque no exista una moratoria regulatoria como en el caso español, en Perú siguen existiendo muchos yacimientos –especialmente en su zona norte– que se pueden definir como no legalizados, lo que genera importantes problemas medioambientales por cuanto no se rigen por la normativa sectorial aplicable dado que las explotaciones se esos yacimientos carboníferos suelen realizarse entre particulares, careciendo en general, de dirección técnica ni de los elementales protocolos de seguridad y salud (en el caso español esta circunstancia está bastante controlada y regulada debido al régimen de explotaciones existentes, que no son artesanales).

 

En Perú, la Administración deberá ejercer su misión para promover la regularización y legalización de aquella minería de carbón “no legal” de manera que pueda ser integrada en el sistema minero nacional en las condiciones adecuadas, de manera que no entren en conflicto con la minería legal que sí cumple con toda la normativa y realiza cuantiosas inversiones en seguridad, medioambiente y responsabilidad social para hacer sostenible la actividad minera con el medioambiente.

 

El caso internacional

 

A nivel internacional, aunque todavía existen enormes reservas de carbón utilizable por su facilidad extractiva, especialmente impulsadas por una fuerte demanda  de países emergentes, China y EE.UU en la actualidad, la sociedad ha tomado plena conciencia del cambio climático promovido por la utilización de combustibles fósiles, altamente generadores de gases de efecto invernadero, y está exigiendo a los gobiernos y organismos internacionales un cambio en los modelos energéticos: utilización de energías renovables en la mayor cuantía posible y cambios en los comportamientos de los consumidores, minimizando el derroche de recursos para permitir que ser humano siga disfrutando de su planeta pero con las ventajas que la ciencia y tecnología pone a su alcance.

 

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