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Instan al Congreso no aprobar ley que legaliza las dragas en minería artesanal
Las dragas están prohibidas desde el 2012 por generar un impacto grave en los ríos.
A través de sus redes sociales, la Defensoría del Pueblo exhortó al Pleno del Congreso no aprobar el dictamen que pretende dictar nuevas medidas para la pequeña minería y minería artesanal, entre ellas el retorno de las dragas. Las dragas están prohibidas desde el 2012 por generar un impacto grave en los ríos, especialmente de la Amazonía.
Como se recuerda, el pasado 5 de julio la Comisión de Pueblos aprobó un dictamen que aglomeraba diversos proyectos de ley sobre este tipo de actividad minera. Entre las propuestas de dichas iniciativas también se encontraban la simplificación y prórroga para el proceso de formalización, que en su momento generó el rechazo de la misma Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.
En el caso de las dragas, el dictamen, en el artículo 64, se especifica que los mineros que trabajan en cursos de agua “podrán emplear equipos como la balsa gringo, balsa traca, carancheras y cascajeras, así como equipos similares, cuya potencia no debe exceder de los 100 hp, además del uso de mangueras de succión”. El uso de estas herramientas está prohibida desde el 2012, a través del Decreto Legislativo 1100.
Uso de dragas en minería artesanal
Como se recuerda, estos instrumentos sirven para realizar el dragado; es decir, un conjunto de operaciones que tienen como fin la extracción, el transporte y el vertido de materiales situados bajo el agua, ya sea en el medio marino, fluvial o lacustre. Las dragas tienen la función de extraer material del fondo y riberas de los cuerpos de agua. Es decir, una draga es cualquier equipo que cumpla esta función, independientemente del modelo, potencia o tamaño. Para el caso de la minería aluvial, las dragas tienen la función de extraer el material que contiene el oro.
“Demandamos al Congreso no aprobar dictamen de proyectos de ley que permiten el uso de dragas en ríos, lagunas, cabeceras de cuenca, poniendo en riesgo nuestros recursos hídricos, la vida y la salud de las personas, especialmente de la población indígena”, publicó la Defensoría.
“El uso de dragas genera grave afectación al ambiente y su prohibición está confirmada por el Tribunal Constitucional. No se debe retroceder en la lucha contra la minería ilegal y en la política estatal para lograr actividades mineras sostenibles y responsables con el medio ambiente”, agregó el organismo.
