El impacto de la falta de prevención de conflictos sociales

A pocos días de iniciar el año 2023, los conflictos y bloqueos producto de la problemática político-social del país continúan afectando las operaciones mineras en el Perú.

Esta situación, acentuada sobre todo en los últimos meses de 2022, ha mermado en intensidad; pero continúa siendo una amenaza latente para el sector minero; por lo que, si no se asumen las responsabilidades y liderazgos adecuados desde el gobierno de turno, lo más probable es que generen un impacto de mayor relevancia para las mineras.

De hecho, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, a octubre de 2022, los conflictos socioambientales relacionados con la minería sumaron 73, la cifra más alta en lo que va del año.

Ahora, un ejemplo reciente lo tenemos en Nexa Resources, que opera el tajo San Gerardo en la mina Atacocha, en la Región Pasco; que denunció el bloqueo a la vía de acceso al tajo desde el 27 de diciembre. Situación que llevó a la suspensión de las operaciones mineras el 3 de enero.

De igual modo, en Cusco, el Frente de Defensa de los Intereses de la provincia de Chumbivilcas; que emitió recientemente un comunicado, para informar el reinicio de las protestas que, incluyen el bloqueo del corredor minero sur.

Estas acciones, por supuesto, afectarán las operaciones de Las Bambas, Antapaccay y Constancia; que utilizan esta vía para transportar el concentrado de su producción a la terminal portuaria de Matarani, en la Región Arequipa.

Y todo esto genera millonarias pérdidas, no solo para las mineras mencionadas, sino para el Estado y las demás empresas que forman parte de la cadena productiva, proveedores, etc.

Solo por nombrar un caso, si llegara a detenerse la operación de Las Bambas, se generaría una pérdida de más de S/1 millón diarios para la región Apurímac.

Prevención de conflictos sociales

Por eso, resulta necesario actuar para prevenir estos conflictos y demandamos una acción más activa del Gobierno en ello.

Pero, aún más importante, urge detener la impunidad con la que actúan los grupos violentistas que buscan crear y aprovechar el caos para atacar y destruir la propiedad pública y privada, bloquear carreteras y sabotear las operaciones mineras.

Basta de gobernantes y líderes pasivos en el Perú. Es deber del Estado y sus instituciones asegurar, proteger y hacer respetar el Estado de Derecho. Para ello, la identificación y detención de los agitadores de la violencia es una tarea apremiante para las autoridades.

Rechacemos la violencia y la conflictividad y abramos paso a soluciones a través del diálogo y los consensos. Solo así obtendremos el clima de confianza necesario para atraer y retener las inversiones que contribuirán con nuestro desarrollo como país.