La minería en Ecuador es impulsada mediante su legislatura

Con la intención de mejorar su legislación, Ecuador tomó un paso importante para mejorar la minería en el país. Por eso, se hará una  consulta indígena que debiera facilitar la construcción de proyectos mineros. En noviembre se emitió un decreto ejecutivo del gobierno del Ecuador, que regula la denominada consulta legislativa.

El abogado de la Cámara de Minería  de Ecuador, Andrés Ycaza, dijo que las primeras consultas ambientales deberían realizarse en mayo, después de que concluya la consulta  legislativa para el proyecto polimetálico La Plata de Atico Mining y el activo de cobre y oro Curipamba, propiedad de Adventus Mining y Salazar Resources, que suman inversiones combinadas por US$430 millones.

Según se supo; la traducción de la normativa a las lenguas indígenas está casi completa y comenzarán los llamados a asambleas. Se hará con el fin de fijar las fechas de las reuniones en las que se explicarán tanto las reglas como los procedimientos de consulta.

El decreto establece que las consultas debieran facilitar los acuerdos y recoger las posturas locales. Las consultas deberían entregar información en las lenguas locales, de forma alineada con la tradición y sin carácter vinculante.

Según el abogado de la Cámara Minera del Ecuador, “Con la difícil coyuntura política que vive el país, la normativa es un muy buen paso para el sector minero, pues empezará a poner freno a la lluvia de acciones de protección y de solicitudes de consulta popular y marcará un paradigma importante, pues el gobierno va a empezar a preguntar, y quienes se oponen a la actividad ya no pueden decir que no fueron informados”.

Ley de la Minería en Ecuador

Establece que: “La explotación de los recursos naturales y el ejercicio de los derechos mineros se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo, a los principios del desarrollo sustentable y sostenible, de la protección y conservación del medio ambiente y de la participación y responsabilidad social, debiendo respetar el patrimonio natural y cultural de las zonas explotadas. Su exploración y explotación racional se realizará en función de los intereses nacionales;  por personas naturales o jurídicas, empresas públicas, mixtas o privadas, nacionales o extranjeras, otorgándoles derechos mineros, de conformidad con esta ley.”