Urge trabajar por la paz social y la estabilidad para impulsar inversiones mineras

En los últimos meses (y años), la falta de liderazgo en el Estado y el sector privado han derivado en una inestabilidad política, que ha impedido que exista un desarrollo minero que permita al Perú un crecimiento acorde con su potencial.

Porque si el Estado cumpliera su rol, en cooperación con las empresas mineras, no se esperaría a que los conflictos estallen para recién actuar.

El Perú requiere de líderes en todos los niveles que actúen de manera proactiva ante las experiencias que tiene el país en cuanto a conflictividad social se refiere y contar con profesionales que puedan controlar y solucionar los conflictos mineros una vez que ya estallaron; evitando que deriven en actos de violencia azuzados por actores oportunistas que se escudan en ideologías, constituyendo uno de los grandes problemas que debe enfrentar el sector minero.

Pero sin líderes que sean capaces de enfrentar esos desafíos, resulta difícil superar estas complejidades.

Hace falta mayor coordinación entre Estado y empresas

Por ello, urge que las autoridades del Gobierno asuman su responsabilidad y den una solución a estos conflictos, a través de espacios que permitan el diálogo y el respeto del Estado de derecho. Es decir, se debe asegurar los derechos fundamentales de las personas, así como el derecho a la actividad empresarial.

Porque resulta de suma relevancia el efectivo accionar del gobierno para garantizar un clima de paz social y estabilidad.

Sobre todo, teniendo en cuenta que el sector minero es especialmente sensible a la inestabilidad política; pues se sustenta en la confianza de las empresas sobre el desarrollo de las actividades productivas y la correcta gestión del Estado.

Ahora, es deber del Estado garantizar el absoluto cumplimiento de la seguridad jurídica y el Estado de derecho; dos requisitos necesarios para el ingreso de nuevas inversiones mineras, así como la permanencia de las ya existentes.

Por un 2023 sin conflictos que afecten las operaciones mineras

En este nuevo año 2023, no se puede seguir permitiendo que ocurran situaciones que afecten las operaciones mineras, causados por intereses de terceros. Se requiere de un clima adecuado para retomar con fuerza el crecimiento del sector minero.

Por ejemplo, no se puede concebir que vuelva a ocurrir casos como el de la minera Las Bambas, en Apurímac; que desde el inicio de sus operaciones, los bloqueos y protestas han afectado sus operaciones durante 559 días.

Por ello, resulta imperante recobrar la paz social y la estabilidad como país. Y existe una gran responsabilidad del Gobierno en reconstruir la confianza para atraer nuevas inversiones.

De igual modo, el sector empresarial debe reafirmar su compromiso como un gran aliado para mejorar la condición de vida de los peruanos. Y la sociedad civil y comunidades deben integrarse a la cadena de valor de la minería. Asumir que la inversión privada y el empleo formal son claves para el desarrollo del Perú.

Gran aporte de la minería a la economía peruana

Recordemos que la economía del Perú debe gran parte de su crecimiento a las inversiones mineras.

En efecto, la minería representa un aporte de más del 10% en el PBI, y constituye una fuente importante de generación de empleo.

De hecho, según el último Boletín Estadístico Minero, de enero a noviembre de 2022, en cada mes se ha superado los 200 mil puestos de trabajo en el sector minero; sin contar con los más de 1.5 millones de empleos indirectos y un promedio de 4 millones de empleos inducidos.

No obstante, pese a su importancia, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, proyectó que la inversión minera en 2023 caería 16.2%. De igual modo, el Instituto Peruano de Economía proyecta que la inversión minera registraría una caída de 18% este año. Ello representa más de mil millones de dólares perdidos.

Entonces, resulta indiscutible que la actividad minera es un factor determinante en el proceso de reactivación de la economía peruana y de las propias familias del país. Y se debe trabajar, de manera coordinada, entre estado, empresas y comunidades, para su correcto desarrollo.