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Transferencias de la minería a regiones del sur superan los S/.5110 millones en 2022
Arequipa es la región con mayores recursos transferidos en 2022.
La minería que se desarrolla en las diferentes regiones del Perú, ha permitido que la zona sur del país reciba más de S/5 mil millones producto de las transferencias de recursos en el 2022.
Estos medios corresponden a los pagos que realizan las mineras según diferentes conceptos; entre los que tenemos el canon Minero, Regalías Mineras Legales y Contractuales, y Derecho de Vigencia y penalidad.
Todo ello, según el más reciente Boletín Estadístico Minero, ha superado los S/5110 millones destinados a la Macrorregión Sur del Perú; área que conforman las regiones Apurímac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna.
Ahora, solo en lo que respecta a las transferencias por Canon Minero, la minería en esta zona dejó S/3667 millones. Con este dinero, las regiones mencionadas podrán ejecutar obras públicas para beneficio de la población.
Asimismo, en lo que respecta al pago de Regalías Mineras Legales y Contractuales, entre enero y diciembre de 2022, se llegó a más de S/1301 millones. Una de las razones que explican este monto lo encontramos en los altos precios de los metales durante el primer semestre del año pasado; de modo que las compañías tuvieron mayores utilidades, incrementando el pago de impuestos.
Mientras que las transferencias de la minería por Derecho de Vigencia y Penalidad ascendieron los S/141 millones.
Minería generó mayores transferencias de recursos en Arequipa
Cabe señalar, también, que entre las regiones de la Macrorregión Sur con mayores recursos recibidos se Arequipa; que ocupa el primer lugar con más de S/1485 millones.
Luego, tenemos a Tacna, que en todo el año se benefició con más de S/1136 millones producto de las actividades mineras en esa región. Mientras que, en tercer lugar, aparece Moquegua con una cifra que supera los S/769 millones.
Finalmente, el Minem destaca que las transferencias de recursos que genera la minería constituyen una fuente de financiamiento vital; ya que los gobiernos regionales y municipales pueden ejecutar con esos montos proyectos públicos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Sobre todo, de aquellas comunidades que habitan en las zonas más cercanas a los proyectos mineros.