Nuevo plan de Chile para extraer litio genera desacuerdos con las comunidades

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció meses atrás la planificación de un ambicioso plan para tomar el control estatal de la industria de litio en el país. Para ello, se comprometió a utilizar tecnologías respetuosas con el medio ambiente y a tener contacto directo con las comunidades locales; lo cual no ha venido desarrollando y generó que pobladores alzaran su voz de protesta.

El plan de Boric prevé expandir la minería con sociedades público-privadas controladas por una nueva empresa estatal de litio. El gobierno ya comenzó a negociar el control estatal con SQM y planea hacerlo con Albemarle antes de que expire su contrato en 2043.

Estos proyectos se desarrollarán en las salinas de litio del norte de Chile. Por ello, las comunidades que viven alrededor de la zona  se agruparon bajo un consejo regional y manifestaron su desacuerdo con parte del proyecto. En entrevistas con Reuters, líderes comunitarios exigieron mayores ganancias y reformas en dicho plan.

“Estamos en el desierto más árido y cambiar lo que tenemos en agua y vegetación por una batería de litio nos va a dejar sin nada. No se puede sacrificar una zona para satisfacer otra”, dijo Francisco Mondaca , ingeniero civil y jefe de la unidad ambiental del Cabildo Indígena de Atacama.

El pasado 30 de junio, Boric realizó una primera reunión con representantes indígenas. Posterior a ello, manifestó que “el desarrollo debe ser integral, sostenible y respetuoso con el medio ambiente y las comunidades”. Además, dijo que el gobierno abordaría temas como la falta de electricidad y agua potable en la región.

Por otra parte, Toconao es otra de las comunidades que no ve con buenos ojos el proyecto. Por ello, Yermin Vascos, presidente de Toconao, también manifestó su malestar contra el nuevo plan.

“Queremos tener ganancias, ganancias compartidas como socios estratégicos porque somos dueños del territorio. Queremos que las comunidades indígenas se involucren en la toma de decisiones y promuevan inversiones en agricultura, turismo y otros proyectos; ya que estos brindarán beneficios a la comunidad después de que desaparezca el auge del litio”, sostuvo.

Nuevo plan en suspenso

Las comunidades continúan mostrando sus preocupaciones y diferencias con el gobierno. Incluso, algunas estarían planificando cerrar negociaciones individuales con el Estado, pasando por alto al consejo por completo. Por ello, Rolando Humire , un ex presidente del consejo que reunió a las comunidades para firmar el acuerdo de Albemarle, dijo que le tomó casi cinco años lograr que todos se unieran.

“Fue un proceso lento, años de diálogo, años de conversación sin siquiera mencionar cuánto íbamos a pedir. Las comunidades habían aprendido que legalmente pueden retrasar los proyectos hasta que se cumplan sus demandas”, dijo en referencia al  nuevo plan.

Además, indicó que ve poco viable que el Estado ejecute a corto plazo este proyecto. “No creo que (el gobierno) vaya a implementar lo que quiere en Atacama. Las comunidades tienen poder , pueden formar una oposición, tienen recursos , pueden contratar abogados. Un proyecto que va a juicio aquí se puede demorar años”, finalizó.