Derecho Minero
Concesiones mineras de Almaden Minerals en Puebla canceladas por Economía
Secretaría de Economía señaló que no es factible otorgar los títulos.
La Secretaría de Economía (SE) federal de México señaló que no es factible otorgar los títulos de las concesiones mineras de Cerro Grande y Cerro Grande 2 a la minera Almaden Minerals. Según la entidad mexicana, las concesiones no se ajustan a la Ley Minera y a su Reglamento.
Al respecto la Comunidad Nahua y el Ejido de Tecoltemi, en el municipio de Ixcatamaxtitlán, Puebla, destacaron que la compañía ya no cuenta con concesiones mineras en la zona. Incluso, afirmaron que ya no le otorgarán nuevas concesiones en el futuro.
Por otro lado, manifestaron ya no tiene lugar la realización del proceso de la consulta a la comunidad de Tecoltemi para el proyecto; ya que esta solo se daría en el supuesto de declararse factible el otorgamiento de las concesiones mineras a Almaden Minerals.
En ese sentido, consideraron falsas las recientes declaraciones de la minera, donde aseguraba que se debía realizar, forzosamente, la consulta.
Estudios consideran no viables las conceciones mineras de Almaden Minerals
También, se ampararon en que las evaluaciones de Impacto Social y Ambiental concluyeron que no es factible el otorgamiento de concesiones mineras en Ixtacamaxtitlán; pues ocasionarían graves impactos sociales, culturales, espirituales y en los derechos humanos”.
“Los estudios señalan una problemática socioambiental producto de procesos de extracción minera que podrían afectar de forma negativa las prácticas tradicionales y culturales”, señalan. En línea con ello, sostienen que otorgar las concesiones mineras a Almaden Minerals podría generar un impacto a la biodiversidad del lugar. Además, consideran que la práctica minera podría generar “contaminantes que afecten las tierras, ríos y mantos acuíferos debido al traslado de partículas tóxicas”.
Por último, descartaron que la decisión afecte la seguridad jurídica de las inversiones mineras; ya que “lo que se trata es hacer un mínimo de justicia a las comunidades frente a los atropellos a sus derechos humanos. Exigimos a la empresa abstenerse de cualquier acto de intimidación e intromisión en el territorio”.
