Plantean ley que regule los compromisos sociales y/o económicos entre mineras y comunidades

El grupo parlamentario Unión por el Perú presentó un Proyecto de Ley que regula los compromisos sociales asumidos por el titular minero y las comunidades campesinas o comunidades nativas.

De esa forma, en el Proyecto de Ley 07773/2020-CR, presentado hace pocos días por la congresista Yessica Apaza, figura el objeto de la ley: regular el cumplimiento de los compromisos sociales y/o económicos formalizados en convenios; actas; contratos; y cualquier instrumento legal que el titular minero y las comunidades hayan asumido para la exploración, explotación y/o cierre de minas.

Con esto, en el segundo artículo de la iniciativa está expuesto que tanto el titular minero como las comunidades nativas estarán obligados a respetar y asumir todos los compromisos que adquieran mediante documento entre ellos.

“Las actas, convenios, contratos y cualquier otro instrumento legal que contenga los compromisos entre el titular minero y las comunidades campesinas o nativas al momento del inicio y/o reinicio de las actividades mineras y posteriores a ellas, tiene carácter de fiel cumplimiento y son exigibles por ambas partes con la intervención del Estado, para lo cual deben ser puestos en conocimiento”, refirió el grupo parlamentario en el documento revisado por este medio.

Exposición de motivos

En el apartado de la explicación de los motivos, la Congresista que suscribe señaló que es común ver un proceso de negociación para que las empresas mineras estén autorizadas al uso del terreno superficial, dando paso a convenios y parecidos; sin embargo, especificó, dichos documentos -que muchas veces están en Sunarp- no son vigilados o fiscalizados por autoridad alguna y en consecuencia no existe sanción administrativa para la parte que incumple.

“Consecuentemente, no existe sanción administrativa para la parte que incumple, lo que perjudica las relaciones y convivencia social que debe existir en la actividad minera y las comunidades adyacentes a los proyectos mineros”, explicó la parlamentaria en el proyecto de ley.

Seguidamente, argumentó que, a veces, cuando la comunidad campesina o comunidad nativa, frente al incumplimiento de los compromisos sociales y/o económicos, acuerda recurrir a protestas sociales (paros, bloqueos, protestas) generan efectos negativos para la economía comunal, distrital, provincial, regional y nacional.

“En ese sentido, la propuesta legislativa busca que estos compromisos estén vigilados y fiscalizados para su cumplimiento por las autoridades competentes (…) Esto es una medida que ayuda a prevenir los conflictos sociales (…)”.

Autoridad competente

Pero, ¿quién sería la entidad encargada de vigilar y fiscalizar el fiel cumplimiento de los compromisos? En el acta que ya se encuentra en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República del Perú, está expuesto que podrían ser el Ministerio de Energía y Minas (Minem); el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); y los Gobiernos regionales, a través de las direcciones regionales de energía y minas, o los que hagan sus veces.

“Esta es una medida que va a ayudar a prevenir los conflictos sociales que, en su mayoría, se vienen dando por el reclamo airado por los incumplimientos en los que incurren los titulares de la actividad minera; así como las comunidades campesinas o comunidades nativas. El incumplimiento, a veces, viene de ambas partes”, se puede leer en la iniciativa legislativa.

Finalmente, el grupo parlamentario precisó que la propuesta legislativa no genera asignación de ninguna partida presupuestal adicional; por el contrario, genera un beneficio de tener monitoreado el cumplimiento de los compromisos sociales y actuar con anticipación a una diferencia que puede desembocar en un conflicto social.